Los conflictos de interé=
s en
los órganos societarios ecuatorianos: el compliance como mecanismo de
fortalecimiento del gobierno corporativo
Conflicts
of interest in Ecuadorian corporate bodies: compliance as a mechanism for
strengthening corporate governance
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style=3D'font-size:10.0pt;color:black;mso-fareast-language:EN-US'> |
Patricio Iván López Jurado |
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https://orcid.org/0009-0000-5381-=
0021 |
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Maestría en Derecho de los Negocios y =
de
la Empresa, Facultad de Jurisprudencia plopez21@indoamerica.edu.e |
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style=3D'font-size:10.0pt;color:black;mso-fareast-language:EN-US'> |
Lady Johana Vallejo Garzón |
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https://orcid.org/0009-0001-3007-=
759X |
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Universidad Tecnológica Indoamérica (UTI), Ambato,
Ecuador. l=
adyvallejo@uti.edu.ec |
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Art&i=
acute;culo
de Investigación Científica y Tecnológica Enviado: 11/08/2026 Revisado: 13/08/2026 Aceptado Publicado: 01/10/2026 DOI: https://doi.org/10.33262/ap.v8i4.714 =
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Cít=
ese: |
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ALFA PUBLICACIONES, e
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-=
sa/4.0/ |
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Palabras
claves: Étic=
a; administración
de empresas; gesti&oacut=
e;n
de riesgos; legislación; gobierno corporativo. |
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Resumen
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Keywords: Ethics; <= o:p> business
administration; risk management; legislation; corporate governance. |
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Abstract |
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1.&n= bsp; Introducción
El gobie= rno corporativo en Ecuador enfrenta uno de sus desafíos más persistentes: la gestión inadecuada de los conflictos de inter&eacut= e;s al interior de los órganos societarios. En las sociedades mercantiles ecuatorianas, los administradores, directores y socios mayoritarios frecuentemente actúan en situaciones donde sus intereses personales colisionan con los de la sociedad, sin mecanismos internos eficaces que prevengan, detecten o sancionen dichas conductas (Ortega, 2021). Esto se traduce en decisiones que privilegian el beneficio individual sobre el colectivo, afectando a socios minoritarios, acreedores y terceros vinculado= s.
La problemática se agudiza en las PYMES, donde la concentración = de poder en estructuras familiares difumina la separación entre el patr= imonio personal y el societario (Vásquez, 2023). Prácticas como la autocontratación sin autorización, el desvío de oportunidades comerciales o los actos con partes vinculadas en condiciones = no equitativas carecen de una respuesta normativa clara y disuasiva. Si bien l= a Ley de Compañías (Congreso Nacional del Ecuador, 1999) contempla deberes generales de lealtad y diligencia, su regulación resulta insuficiente, agravada por la dispersión frente a las resoluciones d= e la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
La Organ= ización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2024) destaca que la gestión de conflictos de interés es esencial p= ara el gobierno corporativo, pues fortalece la transparencia y protege a los inversionistas. Cerrillo (2021) exige identificar riesgos e implementar can= ales de denuncia; Ortega (2021) advierte que los mecanismos tradicionales son insuficientes sin compliance formal; y Escala (2025) subraya la necesidad de una cultura de cumplimiento con códigos de ética. En Ecuador,= Bayancela (2022) y Correa (2022) abordan el compliance desde la responsabilidad penal, sin vincularlo a los conflictos de interés societarios, vacío= que este artículo atiende.
En este contexto, el presente artículo analiza el tratamiento jurídic= o de los conflictos de interés en los órganos societarios ecuatori= anos y el papel del compliance corporativo como mecanismo de prevención. = Para ello, se identifican las limitaciones del marco normativo frente a los conflictos de interés, se determina el alcance del compliance como instrumento de buen gobierno, y se examina la pertinencia de que las socied= ades mercantiles incorporen, voluntariamente, estándares de compliance orientados a su prevención y gestión.
2.&n= bsp; Metodología
La prese= nte investigación adopta un enfoque cualitativo, orientado al análisis doctrinal, normativo y comparado de los conflictos de interés y el compliance corporativo en el derecho societario ecuatoriano. Desde una perspectiva dogmático-jurídica, se exa= mina la normativa vigente y la doctrina especializada para identificar los principales mecanismos de prevención y gestión de conflictos = de interés en las sociedades mercantiles.
Para el desarrollo del estudio se emplean los métodos analítico-sintético, inductivo-deductivo y exegético: = el primero permite examinar los elementos del gobierno corporativo y el compli= ance corporativo; el segundo facilita las conclusiones generales a partir del análisis de situaciones y aportes doctrinarios; y el tercero posibil= ita la interpretación sistemática de las disposiciones jurídicas aplicables.
La técnica principal utilizada es la revisión documental mediante fichaje bibliográfico, normativo y jurisprudencial. Se analizan fuen= tes doctrinarias especializadas, la Constitución de la República = del Ecuador, la Ley de Compañías, el Código Orgánico Integral Penal, normativa emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, así como estándares internacionales de gobierno corporativo y compliance, particularmente los Principios de Gobier= no Corporativo del G20/OCDE.
3. &n=
bsp; Resultados
El confl= icto de interés y el marco normativo que lo regula son dos caras del mismo problema: la ausencia de mecanismos que impidan que un administrador antepo= nga su beneficio personal al de la sociedad. Este apartado ofrece el marco conceptual y normativo indispensable para comprender, en las secciones siguientes, por qué el compliance corporativo resulta la respuesta más adecuada a este vacío.
3.1. Concepto y
naturaleza jurídica del conflicto de interés
El confl= icto de interés, en el ámbito societario, se produce cuando los inter= eses personales, familiares o patrimoniales de un administrador colisionan con l= os de la sociedad y comprometen su objetividad (Ortega, 2021). No es un ilícito en sí, sino un riesgo propio de la función fiduciaria que debe prevenirse antes de causar un perjuicio. Vásquez= (2023) lo sitúa en el momento en que el administrador prioriza su beneficio sobre el interés social; Alemán & Jiménez (2022) añaden que en las PYMES ecuatorianas, la estrecha relación en= tre patrimonio personal y societario dificulta distinguir cuándo ese interés se vuelve infracción del deber fiduciario.
3.2. Tipolog&iacut=
e;a
La práctica societaria muestra distintas formas de conflicto de interés que, aunque comparten una raíz común, conviene distinguir brevemente.
= 3.2.1.Los dire= ctos ocurren cuando el administrador actúa como contraparte de la socieda= d; los indirectos, cuando el beneficio favorece a un tercero vinculado, cónyuges, parientes, sociedades relacionadas, lo que los vuelve más difíciles de detectar (Ortega, 2021).
= 3.2.2.Ocurre c= uando el administrador celebra, en representación de la sociedad, un acto en = el que también interviene a título personal, sin autorizaci&oacu= te;n ni revelación previas (Vásquez, 2023; Alemán & Jiménez, 2022).
= 3.2.3.Comprend= en actos entre la sociedad y personas relacionadas con sus administradores o socios = de control, cuya falta de revelación puede transferir valor indebidamen= te en perjuicio de la sociedad y los minoritarios (Escobar et al., 2022).
= 3.2.4.Se prese= nta cuando el administrador aprovecha para sí, o para un tercero, una oportunidad que correspondía a la sociedad (Cebrià, 2023). En conjunto, estas cuatro modalidades evidencian un mismo vacío: la ausencia de mecanismos de revelación y autorización previa en= la legislación ecuatoriana.
3.3. Deberes
fiduciarios, marco normativo y responsabilidad de los administradores
= 3.3.1.La dilig= encia, la lealtad y la buena fe son los deberes llamados a prevenir el conflicto de interés: la primera exige el cuidado de un buen hombre de negocios; = la segunda, priorizar el interés social; la tercera, actuar con transparencia (Cebrià, 2023). La Ley de Compañías (Congreso Nacional del Ecuador, 1999) los reconoce pero de forma general, sin reglas específicas frente a conflictos de interés, por lo que el interés social termina operando como el único criterio dispon= ible para evaluar la actuación del administrador (Vásquez, 2023), = con respaldo en la libertad de empresa y en la prohibición del abuso del derecho que reconoce la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Sin procedimientos que los hagan operativos, esos deberes quedan reducidos a un estándar difícil de verificar antes de que el conflicto cause= un perjuicio.
3.3.2.A difere= ncia de otros ordenamientos, el ecuatoriano carece de un régimen específico para la autocontratación y las operaciones con partes vinculadas: no exige revelación previa, abstención ni aprobación por órganos independientes. El artículo 69 de la Ley Reformato= ria a la Ley de Compañías (Asamblea Nacional del Ecuador, 202= 3) incorpora los artículos 262.2 y 262.3, que matizan parcialmente esta carencia al obligar al administrador a abstenerse de decisiones con interés propio o vinculado, de usar el nombre social con fines priva= dos y de aprovechar oportunidades de negocio de la sociedad, deberes propios de= las modalidades del apartado 1.2, aunque sin crear un registro ni procedimiento= de revelación previa. La guía de la Superintendencia de Sociedad= es de Colombia (Escobar et al., 2022) sí lo hace; en Ecuador, pese a qu= e la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros exige información financiera general, no existe un registro equivalente que proteja el derecho de información de los socios minoritarios. Sin un= mecanismo que obligue a declarar y abstenerse, la decisión sobre una operación vinculada queda en manos de quien tiene, precisamente, el interés que debería revelar.
3.3.3.El compl= iance corporativo en Ecuador se ha estudiado a partir del Código Orgánico Integral Penal (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) y = de la responsabilidad que este atribuye a las personas jurídicas (Bayan= cela, 2022; Correa, 2022). Sin apartarse de esa referencia, la función más relevante del compliance es preventiva y civil: la declaración de conflictos y la abstención hacen tangible lo q= ue la norma no garantiza. A esto se suma la Resolución SCVS-INC-DNCDN-2020-0013 (Superintendencia de Compañías, Valo= res y Seguros, 2020) sobre buen gobierno corporativo, aunque su carácter referencial limita su incidencia en las PYMES.
3.3.4.El C&= oacute;digo Civil (Congreso Nacional = del Ecuador, 2005) sustenta esa función preventiva: su artículo 1453 reconoce que las obligaciones nacen tanto de contratos como de hechos que causan daño, de donde surgen dos vías: la contractual, por incumplir deberes fiduciarios, con indemnización por daño emergente y lucro cesante (artículo 1572 del Códi= go Civil); y la extracontractual, cuando el conflicto perjudica a socios minoritarios o terceros (artículo 2214 del Código Civil), en concordancia con el artículo 58 de la Ley de Compañí= ;as (Congreso Nacional del Ecuador, 1999). El estándar exigible es la cu= lpa leve, el cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios pro= pios (artículo 29 del Código Civil), de modo que todo daño imputable a negligencia debe repararse (artículo 2229 del Cód= igo Civil) (Congreso Nacional del Ecuador, 2005). Esta doble vía dota de un respaldo coercitivo= que la sola Ley de Compañías no ofrece.
En conju= nto, el conflicto de interés no es un ilícito en sí mismo, sin= o un riesgo que la legislación ecuatoriana reconoce solo de manera disper= sa, sin mecanismos claros de revelación, abstención y control. Ese vacío es, precisamente, el que el compliance corporativo está llamado a cubrir.
=
3.4. El compliance
corporativo como herramienta de gobierno corporativo y gestión de
riesgos
Si el ap= artado anterior mostró el vacío normativo frente a los conflictos de interés, este examina la respuesta que la práctica corporativ= a ha construido para llenarlo: el compliance. No se trata de una moda importada = ni de un simple casillero que marcar en una auditoría, sino de un siste= ma que traduce deberes fiduciarios abstractos en procedimientos concretos y verificables. Este apartado recorre su concepto, sus elementos, su relación con el gobierno corporativo y los estándares internacionales que lo orientan.
3.4.1.El compl= iance corporativo puede entenderse como el conjunto de políticas, procedimientos y controles internos dirigidos a prevenir, detectar y correg= ir conductas contrarias a la ley y a la ética empresarial (Escala, 2025= ). Nació en la autorregulación de los mercados financieros y, de= sde ahí, se extendió a la generalidad de las sociedades mercantil= es como respuesta a una exigencia cada vez mayor de transparencia e integridad corporativa (Cerrillo, 2021). Ese tránsito no fue espontáneo:= lo impulsaron escándalos corporativos que demostraron que la regulación externa, por sí sola, no bastaba, además de= la presión de inversionistas y organismos multilaterales por estándares de autorregulación verificables.
En Ecuad= or, el compliance se ha desarrollado con un enfoque casi exclusivamente penal, vinculado a la responsabilidad de las personas jurídicas (Bayancela, 2022; Correa, 2022), lo que ha postergado su reconocimiento como herramienta preventiva de alcance civil y societario. Esta lectura penal, aunque legítima, deja fuera precisamente el problema que aquí intere= sa: los conflictos de interés rara vez configuran un delito, pero s&iacu= te; erosionan, de forma silenciosa y constante, la confianza de socios minorita= rios e inversionistas. Reconocer al compliance como instrumento preventivo y no = solo como defensa penal es, en ese sentido, un cambio de enfoque tan necesario c= omo pendiente.
3.4.2.Un progr= ama de compliance eficaz requiere, como mínimo, cinco elementos: un código de ética que fije los estándares de conducta esperados; un oficial de cumplimiento con autoridad e independencia suficientes; canales de denuncia confidenciales que permitan reportar irregularidades sin temor a represalias; controles internos que identifique= n y mitiguen riesgos antes de que se materialicen; y auditorías periódicas que verifiquen la efectividad del sistema (Escala, 2025; = Cerrillo, 2021).
Estos el= ementos no funcionan de forma aislada, sino como un sistema: un código de ética sin canales de denuncia carece de mecanismos de aplicaci&oacut= e;n, y un oficial de cumplimiento sin controles internos no dispone de información oportuna para actuar. En ese sistema, la declaraci&oacut= e;n de conflictos y la abstención en la toma de decisiones son los mecanismos de aplicación más cotidianos, y también los más relevantes en sociedades con estructuras de propiedad concentrad= as, como ocurre en buena parte de las PYMES ecuatorianas (Bayancela, 2022). Dic= ho de otro modo: de poco sirve un código de ética impecable si n= adie tiene la obligación de declarar, ante alguien, que tiene un interés personal en la decisión que está a punto de tomarse.
Vale la = pena insistir en algo que suele pasarse por alto: estos elementos no buscan sancionar al administrador por tener un interés personal, algo prácticamente inevitable en cualquier estructura societaria, sino generar la evidencia documental que permite, más adelante, distinguir entre una decisión legítima y un abuso del cargo. Sin esa evidencia, la discusión sobre responsabilidad civil que se planteó en el apartado anterior carecería, en la práct= ica, de sustento probatorio.
3.4.3.La prevención de conflictos de interés es, quizás, la dimensión más concreta del compliance corporativo, porque traslada los deberes fiduciarios de una enunciación general a procedimientos verificables (Correa, 2022). Ortega (2021) advierte que los mecanismos tradicionales de control societario: la junta, el directorio, la auditoría externa, resultan insuficientes si no existe, ademá= s, un programa formal que establezca canales de declaración y abstención; Vásquez (2023) por su parte insiste en que el compliance protege, en última instancia, el interés social fr= ente a decisiones que privilegian beneficios particulares.
Esa conv= ergencia entre compliance y gobierno corporativo desplaza el foco: ya no se trata so= lo de juzgar si un administrador actuó bien o mal en un caso puntual, s= ino de preguntarse si la sociedad cuenta con sistemas preventivos idóneos para que ese conflicto nunca llegue a materializarse. Se aprecia, por ejemp= lo, en la exigencia, cada vez más extendida en la región, de que = los órganos de administración evalúen periódicament= e la independencia de sus miembros y la existencia de vínculos económicos o familiares que puedan comprometer su criterio, antes de= que ese vínculo se traduzca en una decisión cuestionable.
3.4.4.Los P= rincipios de Gobierno Corporativo del G20 (OCDE,= 2024) son categóricos: la gestión adecuada de los conflictos de interés fortalece la transparencia y protege los derec= hos de los inversionistas, y para ello recomiendan códigos de conducta, revelación de operaciones vinculadas y órganos de control independientes. Esa orientación ha encontrado un desarrollo má= ;s concreto en Iberoamérica en marcos como la guía de la Superin= tendencia de Sociedades de Colombia (Escobar et al., 2022) que exige revelació= n, registro y abstención del administrador interesado, y que entre sus recomendaciones más útiles incluye separar a quien propone una operación vinculada de quien la aprueba, precisamente para que nadie controle todo el circuito de decisión.
La recepción de estos estándares en Ecuador ha sido, hasta ahora, parcial. La Resolución SCVS-INC-DNCDN-2020-0013 (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2020) recoge principios similar= es a los de la OCDE, pero su carácter referencial “no vinculante= 221; le resta la fuerza que sí tienen sus equivalentes comparados. El resultado es una suerte de paradoja: Ecuador conoce los estándares internacionales, y hasta la cita en su propia normativa, pero no los exige;= y sin exigibilidad, la mejor guía de buen gobierno corporativo termina siendo, en la práctica, una recomendación que cada sociedad p= uede seguir o ignorar según su propio criterio.
=
3.5. La
incorporación de mecanismos de compliance para la prevención =
de
conflictos de interés en las sociedades ecuatorianas
Identifi= cado el vacío normativo y demostrada la utilidad del compliance en la experiencia comparada, queda la pregunta más práctica: ¿cómo incorporar estos mecanismos en las sociedades ecuatoria= nas sin imponer una carga que solo las grandes corporaciones puedan asumir? Este apartado propone mecanismos concretos, examina el rol del oficial de cumplimiento, plantea un modelo diferenciado para las PYMES y valora su viabilidad real.
3.5.1.La incorporación de un régimen de prevención de conflicto= s de interés en Ecuador debería contemplar, al menos, tres mecanis= mos: la declaración obligatoria de conflictos, tan pronto como el administrador tenga conocimiento de ellos; la abstención en las votaciones o decisiones donde exista un interés personal, directo o indirecto; y el registro formal de operaciones con partes relacionadas, accesible a los socios minoritarios (Superintendencia de Sociedades de Colo= mbia, 2022). Los tres comparten una misma lógica: no prohíben que el administrador tenga intereses personales, algo inevitable, sino que exigen = que esos intereses se hagan visibles antes de que se traduzcan en una decisión.
Esta declaración podría instrumentarse mediante algo tan simple co= mo un formulario presentado ante el directorio o la junta, dejando constancia escrita de la naturaleza del interés y de los sujetos involucrados. = Su valor no está en la sofisticación del mecanismo, sino en que = traslada los deberes fiduciarios reconocidos de forma general por la Ley de Compañías (Congreso Nacional del Ecuador, 1999) a un procedimiento verificable, reduciendo el margen de discrecionalidad que hoy favorece tanto la autocontratación como el desvío de oportunidades de negocio (Vásquez, 2023).
El incumplimiento de esta declaración no debería quedar sin consecuencia: la omisión deliberada de un conflicto de interé= s, seguida de un perjuicio a la sociedad, es precisamente el supuesto de hecho= que activa la responsabilidad civil desarrollada en el apartado 3.3.4, de modo = que el mecanismo preventivo y la consecuencia jurídica terminan reforzándose mutuamente en lugar de operar por separado.
3.5.2.La efect= ividad de estos mecanismos depende, en buena medida, de que exista alguien con la función clara de recibirlos: un oficial de cumplimiento encargado de recibir las declaraciones de conflicto, custodiar el registro de operaciones vinculadas y verificar que el código de ética se cumpla, no s= olo que exista (Cerrillo, 2021). Su independencia frente a los administradores = y a los socios de control no es un detalle menor: si el propio mecanismo de con= trol depende de las personas cuyos conflictos debe vigilar, termina capturado po= r los mismos intereses que debía prevenir.
Al mismo= tiempo, conviene precisar los límites de esta figura: su responsabilidad se agota en la gestión diligente del programa, sin que ello sustituya la responsabilidad civil que corresponde a los administradores por sus propias decisiones (Escala, 2025). En estructuras más pequeñas, esta función puede asumirla un miembro del directorio ajeno al conflicto,= con acceso directo a la información relevante; no hace falta, para empez= ar, contratar a alguien nuevo, sino asignar la función con claridad a alguien que no tenga nada que ganar ni que perder con la decisión en cuestión.
3.5.3.En las P= YMES ecuatorianas, donde el patrimonio personal y el societario tienden a confundirse (Ortega, 2021), replicar el modelo de compliance de una gran corporación resultaría, sencillamente, desproporcionado: ni el tamaño de la operación ni sus recursos lo justifican. Resulta más realista un modelo escalonado que combine un código de ética breve, un canal de denuncia sencillo y la designación d= e un socio o administrador no involucrado como responsable de recibir las declaraciones de conflicto, reservando la figura de un oficial de cumplimie= nto independiente para las sociedades de mayor tamaño (Alemán &am= p; Jiménez, 2022).
Este enf= oque gradual no es una concesión a la informalidad, sino una manera de extender la cultura de cumplimiento sin imponer cargas administrativas incompatibles con la realidad de las pequeñas y medianas empresas. Podría iniciarse, por ejemplo, únicamente con la declaración obligatoria de conflictos y la abstención en votaciones, e incorporar el registro formal de operaciones vinculadas confo= rme la sociedad crezca en tamaño y complejidad. Lo importante no es part= ir de un modelo perfecto, sino de uno que efectivamente se use.
3.5.4.La incorporación de estos mecanismos enfrenta desafíos reales: el carácter referencial de las Normas Ecuatorianas para el Buen Gobierno Corporativo no obliga a nadie a adoptarlas; la doctrina nacional ha prioriz= ado el compliance como defensa penal antes que como herramienta preventiva civi= l (Bayancela, 2022; Correa, 2022); y las PYMES, en general, carecen de recursos para sost= ener estructuras de cumplimiento permanentes. A ello se suma una resistencia más difícil de medir mediante estadísticas: la de administradores acostumbrados a una gestión discrecional, para quien= es declarar un conflicto puede sentirse, erróneamente, como admitir una debilidad antes que como ofrecer una garantía de legitimidad.
Con todo= , la responsabilidad civil que puede derivarse del incumplimiento de los deberes fiduciarios, desarrollada en el apartado 1.3.4, constituye un incentivo concreto, y no solo teórico, para adoptar estos mecanismos: un progr= ama de compliance bien implementado reduce el riesgo de litigios y fortalece la confianza de socios minoritarios e inversionistas (Escala, 2025). Visto así, el compliance deja de ser un gasto adicional y pasa a ser, más bien, un seguro barato frente a un riesgo caro.
4.&n= bsp; Discusión
Los resu=
ltados
confirman que el tratamiento jurídico de los conflictos de inter&eac=
ute;s
en Ecuador tiene un vacío estructural disperso entre: la Ley de
Compañías (Congreso Nacional del Ecuador, 1999), el C&=
oacute;digo
Civil (Congreso Nacional =
del
Ecuador, 2005) y el Código Orgánico Integral Penal<=
/u>
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014), en línea con lo señala=
do
por Ortega (2021) y Vásquez (2023) vacío que la Ley
Reformatoria a la Ley de Compañías (Asamblea Nacional del
Ecuador, 2023) matiza solo parcialmente (apartado 1.3.2). El aporte central=
de
este trabajo va más allá de constatar ese vacío: es
precisamente ahí donde el compliance corporativo demuestra su
pertinencia, al traducir en procedimientos verificables lo que la ley solo
enuncia de forma general, en línea con los Principios de Gobierno
Corporativo del G20 (OCDE, 2024) y con la experiencia comparada de la S=
uperintendencia
de Sociedades de Colombia (Escobar et al., 2022). En ese sentido, los
mecanismos concretos propuestos en los apartados 2 y 3, declaraci&oa=
cute;n
de conflictos, abstención y un oficial de cumplimiento adaptado a la
realidad de las PYMES, no son un añadido teórico, sino=
la
vía para que esa responsabilidad civil tenga, en la práctica,=
un
soporte probatorio real.
5.&n= bsp; Conclusiones
· Este artículo confirma que el ordenamiento ecuatoriano reconoce, de forma general, los deberes de diligen= cia, lealtad y buena fe de los administradores societarios, pero no desarrolla mecanismos específicos de revelación, abstención y con= trol frente a los conflictos de interés, sobre todo en la autocontrataci&= oacute;n y las operaciones con partes vinculadas, insuficiencia que se agrava en las PYMES por la confusión entre el patrimonio personal y el societario.=
· El análisis evidenció, además, que la responsabilidad por conflictos de interés no resueltos está dispersa entre el régimen penal de las personas jurídicas y el régimen civil, contractual y extracontractual = del Código Civil, sin que la doctrina ecuatoriana la haya vinculado sistemáticamente con el gobierno corporativo.
· El compliance corporativo se confirma como un mecanismo idóneo para operativizar dichos deberes, al traducir principios generales en procedimientos verificables: código de ética, oficial de cumplimiento, canales de denuncia, declaraci&oacut= e;n de conflictos y abstención, en línea con los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y la experiencia colombiana.
· Su incorporación exige, sin embargo, = un modelo escalonado que distinga entre grandes corporaciones y PYMES, para qu= e un oficial de cumplimiento independiente no sea una carga desproporcionada, si= no parte de un proceso gradual de fortalecimiento de la cultura de cumplimient= o y de la responsabilidad civil de quienes administran intereses ajenos.
6.
Confli=
cto de
intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el artículo presentado.
7.
=
Derechos
de autor (copyrigth)
Los au= tores son los titulares de los derechos de autor (patrimoniales y/o de exp= lotación) de los contenidos de la revista (copyright).
8.
Declar=
ación
de contribución de los autores
Los autores declaran haber participado de
manera equitativa y sustancial en la realización de esta
investigación, bajo las responsabilidades según la Taxonomía
CRediT para
describir las contribuciones individuales de cada autor al trabajo.
Patricio Iván L&oacut= e;pez Jurado realizó la conceptualización de la investigación, organización y ejecución del ensayo, recopilación y curación de los datos, revisión del análisis estadístico, interpretación de los resultados, elaboración del borrador original, preparación de tablas y figuras, revisión crítica del contenido y aprobación d= e la versión final del manuscrito.
Lady Johana Vallejo Garz&oac= ute;n realizó la supervisión académica y metodológica= de la investigación, brindó orientación durante el desarr= ollo del ensayo, revisó el análisis y la interpretación de = los resultados, efectuó la revisión crítica del manuscrito, realizó la corrección científica y académica y aprobó la versión final para su publicación.
Divul=
gación
de la delegación a la IA generativa
Los autores manifiestan haber utilizado el m=
odelo
de lenguaje ChatGPT y Gemini, como herramienta de apoyo para reorganizar y
reformular editorialmente el manuscrito original, corregir el estilo y
comprobar el cumplimiento formal del formato de la revista. Los datos
experimentales, el diseño, los resultados estadísticos y las
decisiones científicas proceden de la investigación de los
autores y no fueron generados ni modificados por la herramienta. Los autores
revisaron y aprobaron cada sección y asumen la responsabilidad
íntegra del contenido final. La herramienta no figura como autores ni
asume responsabilidad por los resultados.
Declaración presentada por:
https://panbiblio=
tekar.github.io/gaidet-declaration/index.html
9. &n=
bsp; Costos
de financiamiento
La presente investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de los autores.
10. Referencias bibliográficas
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